SALA VIB 15 DE MAYO DE 2022
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Bolivia ingresó al FMI el 27 de diciembre de 1945[1]. Desde 1945, Bolivia ha cooperado con el FMI para lograr reformas sociales y crecimiento económico[2]. Estos esfuerzos han implicado estrategias para reducir la pobreza, aumentar la equidad social, mejorar el sistema educativo y el sistema de salud, y ampliar los servicios sociales a las poblaciones rurales y las comunidades urbanas desatendidas[2]. Desde 1984, Bolivia ha sido un cliente activo del fondo, accediendo a 19 líneas de crédito con el fondo desde su ingreso[3].
Tras el derrocamiento de la élite minera que había dominado la vida política de Bolivia,[cuando…] el nuevo gobierno reorganizó la economía para crear una economía justa[4], por lo que aumentó el gasto en programas públicos y nacionalizó industrias clave, como la minería y el petróleo. El primer plan de estabilización de Bolivia tuvo lugar entre 1955 y 1964[5], lo que generó un crecimiento de la economía, ya que productos básicos como el estaño se pagaban bien y se necesitaban en otros países para fabricar productos acabados, por lo que la demanda era alta.
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Una importante carretera en Cochabamba (Bolivia), en construcción por el conglomerado chino Sinohydro, está paralizada por cinco paros de obras en 14 meses. En Santa Cruz, Sinopec, una megaempresa china de petróleo y gas que está construyendo otra carretera, es citada por contaminar un río cercano con desechos de la construcción. En las afueras de La Paz, 86 comunidades se declaran en «estado de emergencia» para protestar por el supuesto desvío de agua por parte de las empresas mineras chinas durante una crisis hídrica sin precedentes.
Estos incidentes ponen de manifiesto una creciente letanía de preocupaciones que han surgido a medida que China se ha convertido en el principal contratista y fuente de financiación del proyecto de desarrollo nacional liderado por el Estado bajo el mandato del presidente Evo Morales, y en un actor dominante en la economía boliviana.
Según la versión oficial del gobierno, Bolivia y China mantienen una relación de cooperación «horizontal» basada en la complementariedad de sus necesidades económicas y en una visión política compartida. Morales ha caracterizado el modelo de desarrollo resultante como uno basado en «la justicia social, la soberanía, la identidad y la igualdad». Con la ayuda de China, presume Morales, Bolivia ha logrado independizarse de las instituciones financieras dominadas por Estados Unidos, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cuyas onerosas condiciones de préstamo en los años 80 y 90 socavaron la soberanía económica y política del país.
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La variación porcentual de la cartera de préstamos en 12 meses fue un 4,2% superior a la observada en el trimestre anterior (3,2%) y en los 12 meses anteriores (3,5%). Según la ASFI, este comportamiento refleja la reactivación de las actividades económicas generadoras de empleo que están reanudando paulatinamente el pago de los créditos y, por lo tanto, requieren de mayor financiamiento.
Los créditos otorgados a las empresas ascendieron a 18,123 millones de dólares y a las familias a 9,985 millones de dólares a septiembre de 2021. Según el tipo de préstamo, la cartera se distribuye de la siguiente manera: microcréditos – 29,4%; vivienda – 25,9%; negocios – 22,9%; pymes – 12,3%; y créditos de consumo – 9,6%.
Los préstamos empresariales, pymes y microcréditos para actividades económicas del sector productivo ascendieron a Bs 89.455 millones (aproximadamente 13.000 millones de dólares), lo que representa el 45,7% del total de los préstamos del sistema financiero, una participación significativamente mayor a la observada en 2012 (28,2%). La variación en 12 meses de la mencionada cartera de crédito es de 6,2%, superior al crecimiento de la cartera total (4,2%).
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El monopolio del Estado sobre el uso de la fuerza no se discute abiertamente. Sin embargo, la presencia real del Estado no es uniformemente sólida en todas las partes del país. En varias regiones marginales del país, la presencia real del Estado es limitada y, en algunas zonas, los terratenientes, los narcotraficantes o las organizaciones comunitarias locales son de facto la autoridad más importante. En la provincia oriental de Santa Cruz sigue existiendo un fuerte potencial de regionalismo radical insurgente con valores católico-conservadores. Las huelgas o el incumplimiento de las órdenes por parte de la policía nacional o el ejército pueden suponer temporalmente un desafío a la capacidad del Estado para ejercer su monopolio del uso de la fuerza, pero no lo socavan fundamentalmente.
El Estado boliviano es generalmente aceptado como legítimo por todos los actores relevantes de la sociedad. El concepto constitucional de Bolivia como «Estado plurinacional» puede seguir siendo en parte discutido (por ejemplo, con respecto al reconocimiento y los derechos de las «naciones y pueblos» indígenas frente a la «nación boliviana»), pero ya no es cuestionado activamente por ningún grupo importante. Tampoco hay desacuerdo dentro de Bolivia en cuanto a quién se califica como ciudadano. La ciudadanía se considera básicamente un concepto inclusivo, y el acceso a ella no se niega a ningún grupo en particular. La Constitución de 2009 contiene derechos de ciudadanía de gran alcance, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, el acceso de facto a los derechos socioeconómicos de ciudadanía sigue siendo limitado para la población indígena y para la minoría afroboliviana.